César Duarte, el privilegio de saber de más

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En días pasados la Procuraduría General de la República a través de un oficio dirigido al activista, político y abogado chihuahuense Jaime García Chávez, comunicó que no ejercerá acción penal en contra del exgobernador priista César Duarte y del que fuera su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, al no encontrarse elementos probatorios en su contra.

García Chávez, interpuso la denuncia ante la PGR en noviembre del 2014, cuando César Duarte aún era Mandatario de Chihuahua. Lo acusaba de haber usado recursos estatales para la conformación de Banco Progreso en complicidad con su exsecretario de Hacienda.

Cuatro años después, la Procuraduría a través de su Unidad Especializada en Análisis Financiero, resuelve que tras una “exhaustiva investigación” no se encontraron indicios de dichos delitos.

¿No se encontraron indicios? ¿O no quisieron encontrarlos?

Al parecer, la PGR, en su “exhaustiva investigación”, no encontró el reporte de la calificadora financiera internacional Moody’s Investors Service, emitido en enero de 2014, en el cual advertía sobre los riesgos de que funcionarios del Gobierno de Chihuahua estuvieran involucrados con el grupo de accionistas de la Unión de Crédito Progreso.

No solo eso. A escaso un mes de haber difundido su informe, la calificadora de riesgo decidió retirar todas, sí, TODAS las calificaciones de Unión Progreso, incluida la calificación de fortaleza financiera.

Calificación negativa, que a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le hizo lo que el viento a Juárez, ya que autorizó la creación del Banco Progreso de Chihuahua afirmando que “cumplía con los requerimientos para ofrecer todos los servicios de banca múltiple.

Después del vergonzoso y grave uso de la Procuraduría para descarrilar la candidatura de Ricardo Anaya, la no acción penal en contra de César Duarte, por los delitos mencionados arriba, es una bofetada a la ciudadanía que está de “mírame y no me toques” ante el cúmulo de agravios por parte de un Gobierno que se ha dedicado a mentir, robar y a despreciar el clamor de los ciudadanos, de cientos de organizaciones civiles, políticos y de un gran sector empresarial de México, de que se castigue a los responsables del desvío de recursos públicos, que se investigue y se procese según sea el caso, a todos aquellos funcionarios implicados en casos de corrupción.

Pero el Gobierno de Peña Nieto no escucha, no ve, no entiende.

Administra los escándalos, los congela, los archiva, les da carpetazo en medio de un cinismo monumental que lo ha caracterizado a lo largo de todo el sexenio.

El mensaje que envía el Gobierno federal en medio de la crisis de impunidad que vivimos en México, es brutal.

El panorama es desalentador.

El desprecio a conducirse como un Gobierno respetuoso de nuestras leyes, de sus procedimientos judiciales, del respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las instituciones, es claro, es contundente, es el sello de la administración peñista: lo hago porque quiero, porque puedo y ¿quién va a detenerme?

El tufo que despide este caso en particular, el de César Duarte, está contaminando el proceso electoral en proporciones mayúsculas y pareciera que el PRI-Gobierno no se ha dado cuenta que el tiro, les podría salir por la culata.

No podemos perder de vista la parte medular de este entramado que toca a las más altas esferas políticas de nuestro país: la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del CEN del PRI, el brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones.

Gutiérrez Gutiérrez, detenido en diciembre pasado, es acusado por la Fiscalía del estado de Chihuahua del desvío de recursos públicos hacia campañas electorales del PRI, en contubernio con el que fuera presidente del tricolor en ese entonces, Manlio Fabio Beltrones, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, hoy canciller de México (es un decir).

No olvidemos la declaración perniciosa del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade donde acusaba a Javier Corral de “ser un Gobernador mentiroso y torturador”, en relación a la denuncia interpuesta ante PGR por el abogado de Alejandro Gutiérrez referente a que su cliente, era “torturado” en el Cereso estatal de Aquilés Serdán por funcionarios chihuahuenses.

Meade, también acusó a Corral de “engañar a la ciudadanía con sus declaraciones de que el Gobierno federal lo había castigado con la retención de los recursos por la investigación que realizaba en contra de César Duarte”.

Al parecer, el candidato presidencial del Revolucionario Institucional, tuvo que tragarse sus baladronadas, porque, mediante la presión que ejerció Javier Corral con la Caravana por la Dignidad, el Gobierno de Peña Nieto reculó y aceptó transferir los recursos retenidos al estado de Chihuahua, mediante un acuerdo firmado con Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.

Aparte, tras las denuncias de tortura en su contra, el pasado 28 de febrero le fue aplicado a Alejandro Gutiérrez el Protocolo de Estambul (que sirve para confirmar si una persona fue torturada), el procedimiento estuvo a cargo del doctor Hernán Reyes, del “Human Rights Center”, de la Universidad de California.

Durante el proceso, que tuvo una duración de dos días, se realizaron varias dinámicas con Gutiérrez, destacando el aspecto psicológico y físico; se revisaron instalaciones del penal y el peritaje transcurrió sin incidentes, determinando con ello que no existió tortura de ninguna índole hacia esta persona.

No hubo tortura, según el experto. Pero, ¿qué dicen los priistas? ¿Qué dice Meade al respecto? Al parecer, está mucho más ocupado en no caer al cuarto lugar en las preferencias electorales, que en retractarse de sus difamaciones.

¿Qué tanto sabe César Duarte? ¿Quiénes, aparte de él y su red de funcionarios cómplices, participaron en el desvío de recursos públicos a campañas electorales del PRI? ¿A quién, a quiénes, se está protegiendo con el retraso de su captura?

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ofreció el apoyo al abogado Jaime García Chávez para presentar en conjunto una demanda de amparo contra la resolución de la PGR de no ejercer acción penal en contra de César Duarte y su exsecretario de Hacienda por los delitos federales de uso de recursos de procedencia ilícita, delito bancario y fiscal, frente a su denuncia interpuesta en 2014 y a la que PGR pretende dar carpetazo.

La Procuraduría, por su parte, aclaró que la ficha roja de Interpol continúa vigente por las denuncias presentadas en su contra por el Gobierno de Javier Corral, pero no permite a las autoridades de Chihuahua, que llevan el caso, tener participación en el proceso de las peticiones de extradición como se acordó con el secretario de Gobernación, Navarrete Prida. ¿Por qué será? ¿Por qué todo lo quieren manejar en lo oscurito?

Ah, el privilegio de saber de más. El privilegio de ser priista y guardar secretos bajo la manga. El privilegio de contar con toda la protección del aparato gubernamental que en vez de investigar a los funcionarios que delinquen, que saquean las arcas de nuestro país, gozan de la garantía de que saldrán bien librados, de que son intocables. Impunes.

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