Calculan que se tendrá que adquirir 34% del terreno en el que se prevé construir el Tren Maya

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Una investigación cartográfica, realizada por el colectivo de geógrafos Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, estima que 330 kilómetros, 34% de los casi 1 mil donde no hay rieles construidos para el proyecto del Tren Maya, no cuentan con derecho de vía, por lo que se tendrá que adquirir el terreno y gestionar el permiso para realizar la obra.

Además, los caminos y la infraestructura para el Tren Maya, de acuerdo con los contratos que está licitando el Fonatur, requerirán de 40 metros de ancho. Con este dato, se calcula que harán falta 1 mil 316 hectáreas (más de 1 mil 800 campos de fútbol puestos en fila, o el doble del Bosque de Chapultepec) para que la Administración federal obtenga ese derecho de vía y pueda construir los rieles del megaproyecto.

De estas, 943 son de propiedad ejidal, lo que afecta a 40 ejidos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Si no se llega a un acuerdo con los dueños, se pueden expropiar por ser “de utilidad pública”, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en  que no se expropiarán tierras para el proyecto.

Los pobladores de la zona están informados y aseguran que tendrán que ser indemnizados.

Sin embargo, durante el 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, celebrado el pasado 12 de julio en Yucatán, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, dijo que solicitarán una partida de 2 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el pago de derecho de vía, principalmente antiguo, en las comunidades donde pasará la obra.

La cifras oficiales, que varían según el funcionario que las presente, refieren que no hay derecho de vía en 5% del trayecto lo cual difiere con lo dicho en el estudio.

No se ha informado hasta el momento cómo piensan las autoridades manejar dichas adquisiciones o expropiaciones, por lo que se desconoce si esa partida presupuestal sería suficiente para solucionar el problema.

Geocomunes, para obtener estas cifras, georeferenció el trazado provisional del Tren Maya y lo cotejó con los derechos de vía federales y estatales de carreteras y líneas eléctricas de la península de Yucatán, obteniendo así los kilómetros donde no hay derechos de vía.

“Las primeras visitas que tuvimos con los representantes del nivel federal no fueron muy agradables. No hubo buenas explicaciones y así empezamos a no estar de acuerdo”, recuerda Luis Chimal, del ejido de Bacalar, en Quintana Roo, pero para él, la última reunión que tuvo con Pablo Careaga, entonces coordinador del Tren Maya del tramo Bacalar-Tulum, fue especialmente problemática.

El ejido que representa Chimal Balam es una de las ubicaciones escogidas para albergar una de las estaciones del Tren Maya. El esquema que se ha planteado para asociar a los ejidatarios al megaproyecto es un fideicomiso de inversión y bienes raíces (Fibra), en el que básicamente ellos aportan las tierras a cambio de acciones y los desarrollos inmobiliarios y turísticos corren a cargo de empresas privadas.

Nos pidieron de tres a cinco mil hectáreas para la estación y el desarrollo de la ciudad alrededor. Nos dijeron que con eso Fibra nos iba a dar acciones e íbamos a ver el beneficio de uno a 10 años. Yo dije que no nos convenía y que no estaba de acuerdo.

Me dijo que de Tulum hasta aquí todos los ejidos estaban de acuerdo para lo de las tierras y el pase del Tren Maya, que solo faltaba Bacalar y que si no estaba de acuerdo, él vendría con sus inversionistas y compraría el territorio porque lo haría. Ahí me ofendió. Luego me dijo que iba a llevarse la estación a Chetumal, rememora.

La falta de información oficial al respecto dificulta las estimaciones reales. Pero el descontento entre los principales implicaros comienza ya a darse a notar.

(Con información de El Universal)

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