“Avanzamos en la dirección correcta”, dice EPN… ¿Es en serio, Presidente?

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En días pasados, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó su Informe de labores 2017 en Los Pinos.

Ahí, en la Residencia Oficial, frente al Presidente de la República, el Ombudsman nacional afirmó que el actual sexenio quedó marcado por las violaciones graves a los derechos humanos: “Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán, son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018”, dijo el titular de la CNDH.

Además, González Pérez hizo énfasis en la debilidad institucional que prevalece en México y advirtió que, si bien los ciudadanos requieren seguridad, esta no debe ser a cualquier costo, ni por cualquier medio.

El Ombudsman reconoció que el uso de la fuerza es un recurso legítimo con el que cuenta el Estado, pero subrayó “que es un error suponer, que solo el uso de la fuerza, por legítimo que este sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia e inseguridad.

“Sin respeto a los derechos humanos, las medidas de seguridad que se adopten, no podrán ser aceptadas y serán vistas como una imposición autoritaria”, recalcó el titular de la CNDH.

Parte del Informe presentado por González Pérez, detalla que en 2017 se registró un aumento del 117 por ciento en las recomendaciones emitidas a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por violaciones a los derechos humanos, las cuales llamó a atender cabal e inmediatamente.

Asimismo, el titular de la CNDH informó que, durante el año pasado, el organismo a su cargo emitió 97 recomendaciones, de las cuales 81 son ordinarias, 5 por violaciones graves a los derechos humanos, 8 del mecanismo contra la tortura y 3 de recomendaciones generales.

González Pérez señaló que las recomendaciones ordinarias presentan un incremento del 14 por ciento en comparación a 2016.

Aparte de destacar el aumento de quejas en contra de la PGR y la CNS durante 2017, en relación con las emitidas en 2016, el Presidente de la CNDH lamentó que no haya habido mejoras en materia de derechos humanos durante la administración actual: “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto a los derechos humanos, tampoco se ha logrado fortalecer nuestro entorno democrático de derecho ni se ha logrado modificar positivamente el entorno que, cuando inició su mandato (refiriéndose al Gobierno de Peña Nieto) ya enfrentaban millones de mexicanos caracterizado por los binomios: inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”, reclamó el Ombudsman nacional al Jefe del Ejecutivo federal.

“Aunque en el discurso los derechos siempre se asumieron como una prioridad, en la práctica su materialización efectiva, los sigue dejando relegados, como algo secundario”, enfatizó González Pérez. 

“El Gobierno está en deuda con las miles de personas asesinadas, desaparecidas o víctimas de violencia, debido a que no se han atendido las recomendaciones”.

Lapidarias palabras del titular de la CNDH dirigidas en la presentación de su Informe de actividades 2017, al presidente Enrique Peña Nieto.

Un Presidente que, uno pensaría, ante un informe tan desalentador como este, su respuesta sería acorde al reclamo del Ombudsman nacional ante la simulación, retraso, inacción, poca voluntad de su administración, por cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Los delitos contenidos en estas recomendaciones van desde: detención arbitraria, privación de la vida, prestación indebida del servicio público, tortura, desaparición forzada de personas, pero el presidente Peña Nieto responde al informe así: “A pesar de que falta camino por delante, estoy convencido de que avanzamos en la dirección correcta“.

¿Es en serio, Presidente?

Le muestran el balance en materia de derechos humanos de su sexenio y no es nada favorable. Le dicen que no se ha fortalecido el Estado de Derecho durante su administración, y que no ha cambiado el entorno de desigualdad, impunidad y violencia, y usted se atreve a responder: “avanzamos en la dirección correcta”.

Recientemente, la ONU documentó 34 casos de tortura en la investigación sobre Ayotzinapa: la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) recopiló en un informe graves violaciones de derechos humanos tras la desaparición de los jóvenes normalistas de Iguala.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein dijo al presentar el informe “Doble Injusticia”, en Ginebra, que “las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa”. Informe que el Gobierno federal rechazó argumentando: “que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda, están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.

Pero para el presidente Peña, informes que documentan la terrible crisis de derechos humanos que vivimos en el país, no merecen otra respuesta.

Me gustaría saber al igual que a millones de mexicanos más: ¿En qué México vive usted, señor Presidente?

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