Avalan diputados ley antifacturera

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Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada como delincuencia organizada.

Lo aprobado pese al rechazo de la oposición y especialistas en la materia, también considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la expedición, venta, enajenación y compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El Gobierno federal insistió en que el contribuyente común no se verá afectado, porque normalmente cumple en tiempo y forma con sus obligaciones.

Para ellos, afirman, no existirá la sanción penal por planeación fiscal u omisiones por error o negligencia.

En tanto, para aquellos contribuyentes que cometieron “delito fiscal básico”, recurrieron a engaños o defraudación por cualquier monto, no habrá prisión preventiva oficiosa, pero sí podrán ser sancionados con prisión, que va de 2 meses a 9 años, y habrá medidas alternas y sustituto de prisión.

En cambio, el contribuyente que cometa el “delito fiscal grave”, como defraudar más de 9 millones de pesos, la sanción será de 3 meses a 13.5 años, operará la prisión preventiva y no habrá salidas alternas, aunque sí el perdón.

También se precisa que habrá Estado de derecho, porque antes de la prisión preventiva habrá auditorías del SAT, querellas, la investigación de la Fiscalía General y la resolución de un juez. Posteriormente puede haber apelación y recurrirse al juicio de amparo.

Los legisladores de oposición criticaron la resistencia de la mayoría de Morena y sus aliados para discutir las reservas y modificar el dictamen.

De igual forma, alertaron que la reforma ahuyentará la inversión que, ya de por sí, está faltando a la economía.

El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal  para su publicación y entrada en vigor.

Los empresarios en tanto, ya adelantaron que interpondrán los amparos necesarios desde las vías institucionales contra lo avalado.

“Con esta reforma los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada. Finalmente fuimos presa de la bebida que ahora será la preferida de los mexicanos: el atole con el dedo”, señaló Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex.

(Con información de Milenio y Reforma)

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