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Por seis votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró Constitucional que un Comité Ciudadano proponga los formatos para las declaraciones patrimoniales y de intereses que deberán presentar los servidores públicos a partir de 2018.

Los ministros de la Corte avalaron parte del artículo 29 de la Ley de los Servidores Públicos que faculta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para proponer los formatos específicos.

La mayoría de los ministros negó que se viole la reserva de ley, la que dice que los parámetros básicos para las declaraciones patrimoniales debían ser fijados por el Congreso y no delegados a los órganos autónomos.

Lo que los ministros dejaron intacto del artículo 29 fue la parte que determina que las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas pero dejando a salvo los rubros considerados como vida privada y datos personales.

Los ministros que votaron a favor y declararon constitucional la parte del artículo 29 para que el Comité de participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción diseñen los formatos fueron José Ramón Cossio, José Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Norma Lucia Piña, Eduardo Medina Mora y Javier Láynez.

En contra se manifestaron los ministros Alfredo Gutiérrez, Margarita Luna, Jorge Mario Pardo, y el presidente de la Corte Luis María Aguilar.

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