Aumentan amparos por recorte a estancias infantiles

Algunos han logrado la suspensión provisional de las nuevas reglas de operación y tienen que recibir los recursos que originalmente tenían asignados

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En 22 entidades del país, responsables de estancias infantiles han solicitado al Poder Judicial al menos 1 mil 903 amparos contra el recorte presupuestal de los centros de atención para menores de edad y el cambio en las reglas de operación que recientemente fue establecido.

Aunque en ningún caso se ha dictado sentencia definitiva, en varios se ha concedido la suspensión provisional tanto para la publicación de lineamientos como para la entrega de los recursos.

Veracruz cuenta hasta el momento con 194 demandas de amparo; el Estado de México, 192; y en la Ciudad de México, 133.

Estas son las entidades donde ha habido más solicitudes, y son precisamente las que concentran el 24 por ciento de los 329 mil 752 niños que son atendidos en las 9 mil estancias infantiles que hay en el país.  

La Secretaría de Bienestar aún no ha manifestado una postura respecto a las solicitudes de amparo promovidas por los responsables de las estancias pero, según el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en caso de no acatar las resoluciones judiciales respecto a las suspensiones otorgadas, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores y la subsecretaria, Ariadna Montiel podrían ser destituidas e ir a la cárcel.

De acuerdo con el legislador neoleonés, su partido ha contabilizado hasta ahora 1 mil 323 amparos que se suman a los 500 juicios anunciados por el PAN, mismos que han sido tramitados en las últimas semanas en más de la mitad de la república.

Además, el PRI, en Hidalgo, presentó 80 demandas de amparo que también permanecen en trámite.

En Yucatán, un juez federal concedió la suspensión provisional en la demanda de amparo colectivo presentada por siete estancias infantiles para que el Gobierno federal publique las reglas de operación 2019 para el programa, pues los quejosos alegaron que las emitidas el pasado jueves 28 de febrero, que establecen la entrega directa de los recursos a los padres de familia, no aplican para ellos.

De las demandas colectivas impulsadas por MC, en cinco casos han sido concedidas las suspensiones.

Con cuatro de las demandas colectivas que han logrado la suspensión, se han visto beneficiadas 74 estancias infantiles en Nuevo León, las cuales forman parte de las 211 que tienen un registro en el estado norteño.

En estas guarderías se atienden a 5 mil 582 menores.

“Vía el Poder Judicial vamos a poder sacar adelante el programa, también nos da mucho gusto que el presidente haya confirmado y corregido; se van a acatar las sentencias que han ido ganando”, declaró Samuel García en conferencia de prensa.

Debido a que los amparos tramitados únicamente benefician a las estancias que los han firmado y presentado y no tienen efectos generales, el senador emecista destacó la importancia de que todas las guarderías se amparen hasta antes de que se cumpla el plazo de 30 días a partir de la publicación de las nuevas reglas, que fue el 28 de febrero.

Lía Limón, unas de las fundadoras del Programa de Estancias Infantiles, no descartó la posibilidad de que en los próximos días incremente el número de amparos en el país.

Y, en relación a las acusaciones de casos de corrupción, principal razón por la que el Gobierno decidió modificar el modo de operar, Limón García señaló que hasta el momento no ha sido exhibida ninguna prueba de ello, pero que de existir se debe sancionar.

“Las responsables de estancias infantiles no tenían acceso a la base de datos, así que no podían dar de alta niños a su antojo. Bajo el argumento de niños fantasma, en el caso de que existiera, no serían responsables, porque solo avisaban a la Secretaría para que diera de alta o de baja a los niños”, afirmó.

Originalmente, a las estancias se les entregaban 950 pesos mensuales por niño, mientras que con las nuevas reglas de operación los padres recibirán 800 pesos mensuales por cada hijo.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, dio a conocer que el DIF coadyuvará a la dependencia para vigilar que los padres de familia utilicen los recursos en beneficio de sus hijos, pero existe la teoría de que, ante la falta de control, los recursos vayan a parar a destinos distintos a los fines originales.

(Con información de El Universal)

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