Para atender crisis por COVID-19, 23 mil burócratas podrían quedarse sin aguinaldo

Como parte del plan de recuperación económica presentado por Andrés Manuel López Obrador se determinó que se eliminarían los aguinaldos de subdirectores hacía arriba en la función pública

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Más de 23 mil servidores públicos podrían quedarse sin aguinaldo este fin de año, en lo que será la peor crisis de empleo provocada por la aparición del coronavirus.

De acuerdo con especialistas, esta prestación sirve de colchón para miles de familias y hogares de burócratas para terminar el año, sobre todo ahora para sortear las políticas de austeridad.

Esto vendría a ampliar la desventaja en la que se encuentran los funcionarios de alto nivel con sus pares en el sector privado, lo cual desincentivará atraer talento hacia la administración pública federal, cuando se requiere de personal estratégico para enfrentar la emergencia sanitaria.

Los expertos consideran que con esta acción, los funcionarios se encuentran en el peor de los mundos si se toman en cuenta las restricciones de libertad laboral para saltar a la iniciativa privada con los candados hasta por 10 años impuestos recientemente por el Legislativo.

Aunque después de la propuesta inicial se quiso matizar que no sería obligatoria sino “voluntaria”, lo más seguro es que la mayoría de los empleados de confianza de la 4T se sacrificará, además de los diputados y senadores que, al parecer, se alinearán con la medida.

México registra 6 millones de servidores públicos, de los cuales 1.5 millones son del ramo federal, de ellos, 26 mil pertenecen al servicio público profesional de carrera.

Gabriel Pérez del Peral, director de la carrera de Economía de la Universidad Panamericana, dijo que la medida de eliminar los aguinaldos aunque se diga que es voluntaria, no tiene precedente.

Indicó que este año el número de plazas laborales en el sector público asciende a 1 millón 427 mil 193, de los cuales el grupo de mandos medios y superiores afectados pude ser de 23 mil 179.

Por lo que advierte que “en una crisis de empleo te vayas sobre las remuneraciones del personal que es estratégico no tiene sentido”.

Y señala que se estarían violentando varios ordenamientos legales como las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la del Trabajo e incluso la Constitución misma.

Sin contar con que atentaría contra lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 aprobado por la Cámara de Diputados.

Por su parte, el especialista empresarial, Javier Zepeda, precisó que únicamente los bonos adicionales que reciben los servidores públicos se pueden eliminar, pero no los aguinaldos.

Afirmó que ese tipo de prestaciones permiten preservar las fuentes de empleo y condicionar a renunciar a ellas va en detrimento del mercado formal.

Afirmó que la crisis del coronavirus provocará la mayor destrucción de puestos de trabajo, por lo que en lugar de quitar prestaciones, deben existir incentivos para mantener la planta productiva.

Zepeda estimó que debido a las medidas de distanciamiento social con el cierre de comercios, paros de labores y despidos de personal, la tasa de desempleo puede duplicarse este año, al pasar de 3.7 por ciento a mas del 7%.

Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, coincidió en señalar que el aguinaldo es una prestación establecida en la Constitución.

Además que, aunque a mucha gente le gustaría escuchar que los servidores públicos no tendrán aguinaldo, se debe advertir que es un derecho constitucional.

(Con información de El Universal)

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