Así, parece que no hay remedio

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En estos días hay dos casos con muy amplia cobertura en los medios y que han impactado con fuerza la opinión pública, pero desgraciadamente ambos nos muestran que en materia de fincar responsabilidades y rendir cuentas solo hemos avanzado en el número y la frecuencia de los escándalos.

Obviamente, me refiero a los casos Odebrecht-Lozoya-PEMEX y Ruiz Esparza-“Paso Exprés” en los que respectivamente, ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaría de la Función Pública han mostrado siquiera indicios de tener interés en llamar a cuentas a estos presuntos responsables.

Por lo que se refiere a Lozoya, hay señalamientos en las investigaciones internacionales de este caso de que hubo sobornos hasta por 15 millones de dólares que yo sepa, hasta ahora nadie ha negado que estos sobornos existieron y han sido exhibidos públicamente documentos al respecto. Sin embargo, también, todo indica que la PGR deliberadamente no ha recibido formalmente las acusaciones de la fiscalía brasileña y que, en la carpeta de investigación correspondiente, no hay acusación penal directa contra el ex director de PEMEX.

La semana pasada Lozoya acudió a la PGR, pero solo para conocer el expediente y defenderse ante los medios de comunicación. Hasta ahora no hay más, el Procurador Cervantes mantiene su silencio con respecto a Lozoya y el encubrimiento continúa.

En cuanto al socavón, este martes 22 se llevó a cabo el simulacro de comparecencia de Ruiz Esparza ante miembros de la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ruiz Esparza presentó un resumen del peritaje de los expertos y, entre elogios de los incondicionales y cuestionamientos meramente estridentes de los legisladores de oposición, él se dedicó a repartir culpas y evadir responsabilidades.

En medio de este show parlamentario, no puede pasarnos desapercibido que, en el informe presentado por Ruiz Esparza, aunque ni él ni los diputados hayan reparado en ello, sí se demuestra que el “accidente” y sus consecuencias eran evitables y, sobre todo que la SCT sí tuvo graves responsabilidades al respecto.

En las páginas 7 y 8 del informe, se señala que con base al “dictamen pericial independiente”, uno de los factores que de manera cierta y relevante dieron origen a la falla fue que en el Proyecto Ejecutivo se contempló “embovedar la alcantarilla”, que este embovedado no se realizó y que de haberlo realizado se “pudiera haber evitado el dislocamiento del tubo”. En español, esto quiere decir que, a fin de cuentas, la SCT recibió y pagó una obra que no se hizo de acuerdo con las especificaciones del Proyecto Ejecutivo aprobado. Por tanto, existe responsabilidad por no supervisar el cumplimiento de lo contratado y punto.

¿Alguien ingenuamente cree que la Secretaría de la Función Pública va a investigar las responsabilidades administrativas que el secretario Ruiz Esparza puede tener en este caso?; o ¿cree que nuestros legisladores se informen y estudien con rigor lo que se va a discutir en una comparecencia?; o ¿cree que el Procurador Raúl Cervantes en algún momento va a iniciar la investigación penal que corresponde en contra de Lozoya?; o ¿cree que el flamante Sistema Nacional Anticorrupción, va a servir de algo en alguno de estos dos casos?

Así las cosas, no parece haber remedio y el panorama es francamente desalentador: mucho escándalo y poca o nula rendición de cuentas.

Ignacio Marván Laborde

[email protected]  @Marxvan51

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