Arranca registro de aspirantes al INE en San Lázaro

(Imagen de archivo)
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En la Cámara de Diputados, a las 10 de la mañana de este martes, inició la etapa de inscripción y registro de quienes buscan ser consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por la mañana llegaron los tres primeros aspirantes, quienes pretenden sustituir en sus cargos a partir de abril a Marco Antonio Baños, Benito Nacif, Pamela San Martín y Enrique Andrade, por un periodo de nueve años.

El primero en llegar, fue Carlos Daniel Soberano Velasco, originario de Chiapas.

El segundo en presentar su documentación fue Luis Miguel Pérez Juárez, del Estado de México.

En tercer lugar lo hizo Rafael Morales Ramírez, de la Ciudad de México.

Conforme a la convocatoria, aprobada el pasado jueves por la Cámara Baja, dos consejerías serán para mujeres y dos para varones, tratando de implementar la paridad de género en la conformación del organismo electoral.

Se prevé que la Cámara de Diputados reciba las solicitudes de inscripción hasta el 28 de febrero para que, posteriormente, un Comité Técnico de Evaluación revise los documentos y realice entrevistas a cada aspirante, además de analizar ensayos y artículos sobre materia electoral.

Los miembros del Comité deberán calificar la idoneidad de los aspirantes y sus aptitudes para el cargo de consejero electoral.

El Comité integrará cuatro quintetas de candidatos para que la Junta de Coordinación Política proponga cuatro nombres finales para ser votados en el Pleno, por mayoría calificada.

Entre otras cosas, las bases del proceso establecen que quienes busquen ser consejeros del INE deberán ser ciudadanos mexicanos de nacimiento sin contrae con otra nacionalidad, tener pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener credencial de votar vigente, más de 30 años de edad, contar con título profesional de nivel licenciatura con 5 años de antigüedad, poseer conocimientos y experiencia para el desempeño de las funciones.

Además, deberán tener residencia ininterrumpida de dos años en el país, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, no haber sido candidato o candidata ni haber ocupado cargo de representación popular, de administración de justicia o de gobierno ni haber sido del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) .

(Con información de El Universal y Reforma)

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