“Archivos del Terror”, claves para entender un episodio negro en Paraguay

Documentos de los "Archivos del Terror". Norberto DUARTE / AFP
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El descubrimiento de los archivos policiales de la dictadura paraguaya fue clave para sacar a la luz el Plan Cóndor, consolidar la democracia y permitir el avance de la justicia, incluso en naciones vecinas de Paraguay, dice en entrevista con la AFP Agustín Fernández, director del Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos.

El 22 de diciembre de 1992, tres años después del fin del gobierno autoritario del general Alfredo Stroessner (derecha), el juez Agustín Fernández logró imponer la ley civil ante la autoridad policial que se resistía a desmantelar el régimen y allanó una dependencia para incautar toneladas de archivos relacionados con prisioneros políticos.

“Todo el sistema quedó al desnudo: la actuación de la policía represiva política y su vinculación militar”, dijo Fernández, director de ese centro de documentación, popularmente conocido como “Archivos del Terror”.

“Ese acontecimiento marcó la consolidación de la democracia”, sostuvo el juez, al afirmar que tras conocerse los archivos “ni siquiera se intentó hablar de amnistía, como ocurrió en Chile y Argentina”.

“Los archivos contienen la documentación más importante de la Operación Cóndor, el intercambio de información y prisioneros entre los regímenes militares de la región. Tenemos 30 mil desaparecidos en la Argentina, y aquí, en Paraguay, casi 500”, recordó el juez.

A partir de esos documentos fueron procesados y condenados represores de las dictaduras de la región. “El archivo tomó un rol activo en los procesos judiciales. Recibimos una avalancha de pedidos de información”, indicó Fernández.

“Periódicamente nos visitan investigadores y hasta familiares de desaparecidos, tanto del Paraguay como extranjeros”, precisó.

Ingresar en Asunción al Museo de la Memoria estremece al visitante, emociona a los familiares de víctimas que de tanto en tanto entran a consultar las fichas de sus seres queridos.

Bernabé Penayo, un sindicalista víctima del régimen relató a la AFP su experiencia: “Fui torturado bestialmente, yo creo que estuve al borde de la muerte en 2 o 3 ocasiones en la tortura (…) Cuando te desmayabas te echaban agua fría en la cara, y si ya no reaccionabas es porque ya estabas prácticamente en coma”.

Mariano González, hijo de desaparecido, relató a la AFP que los servicios le decían burlonamente a su madre: “Su marido está en Moscú o se fue con otra mujer (…), nunca reconocieron que fue apresado y menos torturado y desparecido”.

Rosa Palau, directora del Museo de la Justicia, dice que el 2 y 3 de febrero de 1989, “hay que celebrar el triunfo de la ciudadanía. Esa ciudadanía que no bajó los brazos 35 años para reclamar libertad”.

El hallazgo de los archivos del régimen se produjo gracias a la colaboración de un funcionario policial despechado.

Miles de papeles, fotografías, fichas, declaraciones, registros de entrada y salida, libros considerados subversivos estaban cuidadosamente archivados.

Era la prueba del paso por las mazmorras policiales de presos políticos paraguayos, argentinos, uruguayos, brasileños y chilenos, varios de los cuales habían sido dados por desaparecidos.

Entre los documentos hay una ficha policial de una niña de 12 años, Apolonia Flores Rotela, con fotos de frente y perfil, registrada como una peligrosa guerrillera catalogada como integrante de un grupo de “campesinos subversivos”.

“Con los documentos se ordenó la detención del general Augusto Pinochet, en 1998 en Londres, por violación de los derechos humanos”, destacó el juez Fernández al hacer referencia al intento del juez español Baltasar Garzón por enjuiciar al exdictador.

“También fue clave en procesos judiciales en Italia y España, donde Garzón llevó adelante causas por la desaparición de españoles bajo los regímenes militares de Chile y Argentina”, evocó.

En los llamados “Archivos del Terror” figura una ficha policial de Amílcar Latino Santucho, hermano del líder del grupo ultraizquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que operó en los 1970 en Argentina.

Este había ingresado a Paraguay en 1975 con nombre falso y la policía lo mantuvo cautivo durante cuatro años y medio.

Tras su liberación, afirmó haber sido torturado en Paraguay e interrogado por militares de Argentina, Chile y Uruguay.

Recientemente, el Centro de Documentación envió a Argentina más de 1 mil 500 documentos y fotogramas sobre el Plan Cóndor, en el marco de procesos judiciales.

(AFP)

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