Aparentan cambios 15 procuradurías estatales

Modificaron su nombre a “fiscalías”, pero actúan igual que antes, acusa CIDAC

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Un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) concluye que, de 33 procuradurías estatales, existen 15 donde hasta la fecha no se ha hecho ningún ajuste para transitar al modelo acusatorio y adversarial, como lo establece el nuevo modelo de justicia penal.

Además, en algunas dependencias que ya se transformaron en fiscalías, como en Morelos, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco, el nivel de autonomía aún no es total, pues según el estudio, las transiciones hacia este esquema “no se han traducido necesariamente en mejoras significativas en la procuración de justicia”.

“De hecho, muchas fueron meramente nominales o bien de un tipo que se ha denominado ‘de autonomía relativa’; es decir, aunque formalmente la fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera y políticamente al titular del Poder Ejecutivo del estado”, detalla el reporte titulado “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal”.

Uno de estos es casos es el de Veracruz, donde Jorge Winckler Ortiz, el fiscal estatal, defiende legalmente tanto al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, en un expediente sobre enriquecimiento ilícito abierto en 2015.

Además, el reporte del CIDAC hecho en coordinación con la Fundación MacArthur explica que los cambios tampoco han traído una mayor eficiencia a la hora de investigar delitos, pues recientemente en la Fiscalía de Morelos no fue posible sostener ante un juez la acusación de homicidio en grado tentativo en contra de cuatro sospechosos ocurrido el pasado 30 de noviembre en Temixco, que cobró la vida de cuatro mujeres, una bebé y un adolescente.

Por si fuera poco, peritos acreditaron en la audiencia que la escena del crimen había sido alterada por los policías.

De acuerdo con CIDAC, las políticas criminales y planes de persecución del delito no están definidas, lo cual permite que los derechos de las víctimas e imputados sean violados de forma sistemática, otorgando nula credibilidad y confianza en estas instituciones.

La investigadora del CIDAC-México Evalúa, María Novoa Cancela, explicó que no existe avance en la procuración de justicia, principalmente por la falta de autonomía en la dependencias. “Las fiscalías son manipuladas por intereses externos, no solo (por) el gobernador, sino por otros intereses que vulneran la institución y los resultados que se tienen”, dijo.

El informe propone que se realice una “desburocratización escalonada” con el propósito de que se transite de la “administración de expedientes a una función de investigación criminal”.

Con información de Reforma.

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