Alerta CEAV que decreto de austeridad frenará sus encomiendas

Olga Sanchez Cordero, secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. (Imagen de archivo)
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) adelantó que el decreto de austeridad publicado el 23 de abril pasado frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.

A través de un comunicado, el organismo advierte que, comparado con cualquier otra dependencia, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento debido a que no es propietaria de ningún inmueble, la mayoría de los servicios con los que cuenta son subcontratados, gran parte del personal fue contratado de manera irregular, con plazas eventuales y por medio de outsourcing, además de que cuenta con denuncias heredadas por administraciones anteriores (453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales).

En un comunicado, la CEAV informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó reducirle el 75 por ciento del gasto corriente, equivalente a 139.4 millones de pesos, mientras que sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos serán de 121.9 millones de pesos en lo que resta del año.

Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, señala el texto emitido por la CEAV, en el que se enlistan algunas de las consecuencias que traerá consigo el recorte:

  • La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.
  • No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.
  • Pérdida de todos los equipos de cómputo incluyendo impresoras que también son subcontratados, así como del sistema que aloja y preserva los datos de 34 mil 215 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
  • Incumplimiento de 43 contratos por 121 millones de pesos, lo que previsiblemente detonará múltiples demandas judiciales contra la institución.
  • Se pierde el área de traslados lo que imposibilitará la asistencia para 9 mil 862 víctimas en el país a las que se apoya con traslados para servicios jurídicos, médicos, sicológicos entre otros.
  • No habrá sitio para atender a 7 mil 200 víctimas a las que se brinda apoyo en los centros estatales, y tampoco se contará con personal para tramitar servicios a cinco mil víctimas mensuales en promedio.
  • El área jurídica quedara sumamente debilitada por lo que no se podrán atender más de 453 juicios de amparo promovidos por víctimas en contra de la propia CEAV.
  • Se perderá por completo la Unidad de Género, lo que dejará sin seguimiento programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual al interior de la propia Comisión.

Horas después de la denuncia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informaron que el lunes se reunieron con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y abordaron el tema.

En un comunicado, expusieron que, como dijo la CEAV, se encuentran entre las excepciones del decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador por lo “que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos”.

(Con información de Expansión)

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