Advierten especialistas falta de sanciones a factureras

(Archivo) A pesar que Andrés Manuel López Obrador aseguró que daría a conocer una red de defraudación fiscal que operó en el sexenio anterior, no se hicieron públicos nombres de instituciones o particulares involucrados
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Entre sus propios proveedores, el Gobierno federal ha detectado facturas falsas. 

No obstante, las sanciones han sido menores. 

De acuerdo con analistas, esto obedece a la falta de coordinación entre dependencias, la escasa preparación de funcionarios y menos auditorías profundas. 

La Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), refiere que de 2006 a 2021 sólo se reporta la sanción de 7 empresas por la entrega de facturas falsas al Gobierno federal y 11 por irregularidades con facturas. 

Sin embargo, en 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una red de 34 empresas factureras con 316 vínculos con gobiernos estatales y municipales, dijo en ese año el entonces auditor Emilio Barriga Delgado.

Y, en junio de 2020, el Presidente aseguró que daría a conocer una red de defraudación fiscal que operó en el sexenio anterior y que generó daños por 48 mil millones de pesos; pero no se hicieron públicos nombres de instituciones o particulares involucrados.

Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y de México Evalúa, atribuye parte del problema a la falta de coordinación entre instituciones fiscalizadoras y a la preparación de los funcionarios. 

Considera que la plataforma del SESNA, si bien tiene datos de la Función Pública, no se alimenta por instituciones como el SAT, la Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República o Auditoría Superior.

Esto limita que los funcionarios dedicados a contrataciones puedan verificar de forma fácil si un proveedor tiene irregularidades o si está en la lista negra del SAT, dijo.

Miguel Fuentes, fiscalista de Carbajal Bermúdez, expuso que también falta personal especializado en cada dependencia para identificar actos de corrupción y exceso de carga de trabajo, lo que limita la detección de fraudes.

Un factor adicional es la falta de profundidad y transparencia de la Auditoría, el ente con mayor capacidad para detectar la facturación falsa. 

Los ilícitos graves en la administración pública se detectan por auditorías forenses de la ASF, pero éstas representaron 3 por ciento del total de la Cuenta Pública 2019, afirmó.

Se prevé que en el futuro inmediato el combate a la facturación falsa se debilite aún más por la ausencia de auditorías forenses en la Cuenta Pública 2020, dijo.

A pesar de la campaña contra factureras, son pocas las empresas sancionadas por las dependencias del Gobierno por usar documentos falsos.

 (Con información de Reforma) 

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