Advierten que AMLO obligará a sindicatos a abrir sus patrimonios

Aseguran que también buscará aumentar las sanciones para los funcionarios que incurran en conflicto de interés

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En un proyecto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador plantea una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que buscará obligar a líderes sindicales y de asociaciones civiles que reciban recursos públicos, a transparentar sus declaraciones patrimoniales.

El documento propone acabar con conflictos de interés a través de una ley federal en la que se establezca un sistema universal de declaración patrimonial y declaración jurada al que tendrán que someterse todos los funcionarios públicos.

“Participarán, sin excepción alguna, todos los funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del Gobierno de la república”, señala la propuesta.

La iniciativa contempla la implementación de sanciones penales especiales por opacidad, simulación o colusión, así como fortalecer las disposiciones sancionadoras en materia de conflictos de interés que están vigentes en la actual legislación.

“Habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas. El pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios públicos que delinquen en este aspecto, total impunidad”, detalla el documento.

Aunque no precisa en qué consistirán las sanciones que podrían imponerse a quien, en particular, no presente sus declaraciones patrimoniales.

El objetivo de los cambios a la ley sería obligar a todos los funcionarios a presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, que será pública y transparente en todos los casos.

Llama la atención que, en lo planteado por el Peje, se busque emular el modelo estadounidense en el que los funcionarios públicos, además de declarar sus posesiones, también las modifican de manera radical para prevenir cualquier posible conflicto de interés en el futuro.

Así, para poder ocupar cualquier cargo público, judicial, de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, las personas interesadas deberán deshacerse de forma legal de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

“(Quedaría) estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguinidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados”.

En el documento se hace una crítica a las instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales, advierte, no tienen ninguna independencia del presidente de la república.

Por otro lado, lamenta que las instancias independientes, como la Auditoría Superior de la Federación o el Congreso de la Unión, se encuentren limitadas en sus facultades de investigación y de sanción.

(Con información de El Universal)

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