Actos de Poder

01 de septiembre de 2000.- Félix Salgado Macedonio
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Gobernadores vs. superdelegados

El pasado 22 de noviembre los gobernadores que militan en el PAN firmaron y enviaron una carta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En esa misiva, los gobernadores se refieren al pacto nacional que da fundamento al federalismo. Así, los mandatarios estatales le dicen a quien será presidente constitucional a partir del primero de diciembre: “Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso”.

Dos temas preocupan a los gobernadores y manifiestan que “les sorprende” que los mecanismos de coordinación entre los estados y el Gobierno federal queden en manos de los llamados superdelegados pues consideran que los gobernadores y los fiscales de las entidades quedarían como “meros invitados” en cuestiones como la seguridad.

Aseguran que los índices de inseguridad no pueden abatirse sin la concurrencia de los gobiernos estatales.

Entiendo las inquietudes de los gobernadores. Consideran que tener un enviado del centro para abordar el eje de las políticas públicas federales en cada entidad provocaría cancelar la relación entre el jefe del Ejecutivo federal con los gobernadores. Y si se trata de asuntos relacionados con la seguridad pública y la nueva fuerza policiaca que se instaurará en el próximo sexenio, la Guardia Nacional, creo entender la preocupación de fondo: la política de combate al crimen organizado no pasará por las autoridades estatales, lo que los pondría en riesgo de incumplir el mandato para el que fueron electos. Además, también debe preocuparles a los mandatarios que los recursos de la seguridad pública no serían manejados por ellos. Las más de 250 secciones en las que se dividiría el país tendrían prioridad por sobre estados y municipios.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya manifestó que platicará con los gobernadores de este asunto, al tiempo que advirtió que no será “rehén” de nadie. También anunció que hablará con los mandatarios locales para esclarecer los alcances que tendrán los superdelegados.

Al mismo tiempo de que Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco Vega de Baja California; José Rosas de Durango; Carlos Mendoza de Baja California Sur; Javier Corral de Chihuahua; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato; Antonio Echevarría de Nayarit; Antonio Gali de Puebla; Francisco Domínguez de Querétaro; Carlos Joaquín de Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Mauricio Villa de Yucatán, expresaban su inquietud por cómo ejercerán sus funciones los superdelegados, los dirigentes del PAN, el anayista Marko Cortés y la peñista-salinista Claudia Ruiz Massieu del PRI, anunciaron que irán a la Corte para buscar que la nueva figura federal sea declarada inconstitucional.

Mientras, esperemos que el diálogo entre López Obrador y los mandatarios estatales surta el efecto deseado: abatir la inseguridad y la violencia, respetando el marco constitucional en el que queremos vivir todos los mexicanos.

La Letrina. Este asunto de los superdelegados ha dado pie a que personajes tan pintorescos como Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, amenace con desaparecer los poderes estatales si no se ajustan a las nuevas figuras político-administrativas del nuevo régimen. Salgado Macedonio, recordado por sus borracheras e intentos de golpear policías que lo dejaron en ridículo, no abona a la estabilidad del país con sus bravuconadas. Salgado Macedonio es senador en lugar de estar pagando por su responsabilidad en los desastres causados por Ingrid y Manuel, los huracanes que destrozaron Acapulco y zonas serranas de Guerrero.

En el informe que preparó la SEDATU, en el periodo de Jorge Carlos Ramírez Marín, se encontró que varios alcaldes de Acapulco, autoridades estatales, federales y gobernadores, además de algunos altos funcionarios federales, durante mucho tiempo hicieron negocios que beneficiaron con sus actos, a grupos inmobiliarios que terminaron por llevar al desastre a Acapulco.

Quienes vieron el informe, que jamás se dio conocer a la opinión pública a pesar de las promesas de hacerlo, nos han dicho que ahí aparecen nombres de presuntos responsables como Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve, Zeferino Torreblanca y otros personajes de los tres niveles de gobierno.

El informe fue entregado por Ramírez Marín al entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Este personaje, que goza de fuero para escapar de cualquiera de sus abusos en el poder, tiene el informe y eso le da espacio para el chantaje. El priista sabe quiénes llevaron a la destrucción y al caos a Acapulco, pero sus intereses políticos hacen que se lo guarde. Infame.

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