Activistas en México, en la indefensión total

30 de enero de 2020.-Foto de Homero Gómez González, activista ambiental que protegía el entorno de la mariposa monarca
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México se encuentra desde hace años dentro de los seis países más mortíferos del mundo para los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente.

Gobiernos van y vienen, y el número de activistas asesinados por oponerse a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, por estar en contra de la devastación y despojo de territorios habitados en su mayoría por indígenas, por defender y promover el derecho de las mujeres, de la comunidad lésbico gay, por luchar por los derechos de las minorías, continúa en ascenso.

Al día de hoy, no existen mecanismos gubernamentales eficaces que logren frenar la persecución, las amenazas, la criminalización que padecen la gran mayoría de los luchadores sociales en México, mucho menos, evitar sus asesinatos.

El 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo se convirtió en el año más violento del que se tenga registro en la historia moderna de nuestro país, su primer año de gestión también quedó marcado por el alto número de ataques y asesinatos de activistas, entre los cuales se encuentran defensores medioambientales, defensores de la comunidad LGBT, comunicadores y policías comunitarios, buscadores de personas desaparecidas e integrantes de la Comisión Nacional Indígena (CNI). Alrededor de una treintena de ellos fueron asesinados el año pasado, y como suele ser la regla en México, la gran mayoría de los casos permanecen en la impunidad.

Este 2020 arrancó con el caso de Homero Gómez González, reconocido activista forestal, férreo protector de los bosques y del santuario de la mariposa monarca, desaparecido el pasado 13 de enero en el municipio michoacano de Ocampo. Tras una búsqueda de 16 días, el 29 de enero, encontraron su cadáver en una olla de agua para uso agrícola. Gómez González había recibido amenazas por parte de grupos dedicados a la tala ilegal, los cuales habían sido denunciados por el activista.

Aparte, el pasado 19 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada Isabel Cabanillas de la Torre, joven promotora y defensora de los derechos de las mujeres, diseñadora de ropa, artista plástica, muralista, integrante del colectivo Hijas de su Maquiladora Madre” y de la Red Mesa de Mujeres. Isabel tenía 26 años de edad, sus familiares y amigos habían reportado su desaparición un día antes, fue asesinada de dos balazos y su cuerpo encontrado en la zona centro de la ciudad fronteriza.

Defender los derechos humanos, el agua, la tierra, el territorio en nuestro país se puede convertir en una pesadilla y en una sentencia de muerte para muchos. Los activistas en México se encuentran en la indefensión total. Por lo mismo es incomprensible la virulencia con la que son desacreditados algunos luchadores sociales desde Palacio Nacional.

Las descalificaciones en boca del Presidente de México en contra de quienes exigen seguridad, paz, verdad y justicia son, por decir lo menos, irresponsables. La escalada de ataques de simpatizantes del actual gobierno en contra de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que salen a las calles a exigir paz, seguridad, respeto a sus derechos, ante el deficiente Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) que tenemos, ante un subsecretario de Gobernación que se burla de las víctimas, ante funcionarios indolentes que se lavan las manos y culpan a las administraciones pasadas por su incapacidad para crear instrumentos que pongan en el centro a las víctimas, no augura nada bueno, no abona en nada a la reconciliación del país.

Basta de estigmatizar a quienes salen en defensa de sus derechos. Ignorar y pisotear los derechos de pueblos indígenas mediante consultas amañadas para imponer mega proyectos no es digno de un gobierno que se dice humanista, que afirma un día sí y otro también que es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

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