Aceleran legisladores discusión de reforma laboral

Consideran exigencias del T-MEC, entre las que destacan la transparencia sindical

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Todo está listo para que la próxima semana se vote en la Cámara de Diputados la reforma laboral, tal y como lo adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado.

Pese a que los legisladores aseguran que la discusión se da en los tiempos programados, y que nada tiene que ver la exigencia hecha por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien el miércoles advirtió que no aprobarían el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a menos de que México impulse una legislación que proteja los derechos de los trabajadores, lo cierto es que la propuesta hecha en el seno de la Comisión del Trabajo cumple con las exigencias del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dictamen plantea garantías de democracia sindical, la prohibición de injerencia de empleadores en actividades sindicales y la existencia de autoridades independientes para conciliar y resolver conflictos laborales.

“En el marco del anexo 23-A del T-MEC esta comisión dictaminadora atiende e incorpora de manera completa e integral los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en dicho instrumento, a través de diversos artículos”, refiere el proyecto.

La propuesta prevé que el derecho de los trabajadores a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, quede establecido en las leyes mexicanas, así como prohibir el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción.

En el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, se busca asentar la prohibición para que los patrones o representantes, realicen cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.

Mientras que el artículo 358 prevé que los miembros de los sindicatos, federaciones, y confederaciones cuenten con los derechos de libre afiliación y de participación, que implican la garantía de que nadie puede obligar a formar parte de un sindicato.

Entre otras cosas, el proyecto que se entregó esta semana a miembros de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, promueve la transparencia al interior de los sindicatos, quienes tendrán la obligación de informar sobre la administración de los recursos financieros de la organización, los documentos de registro, estatutos y actas, entre otros y que cada seis meses se obligue a rendir cuentas de los mismos.

(Con información de Proceso y Reforma)

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