Hay 97 denuncias contra superdelegados de AMLO; ninguna tiene sanción

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) encabezada por Irma Eréndira Sandoval no tiene clara la cifra de denuncias que hay en contra de los llamados superdelegados.

El 24 de octubre de 2019, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, Sandoval Ballesteros aseguró que estaban procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales.

Para el 23 de enero de 2020, durante la conferencia de prensa del Presidente de la República, la funcionaria aseguró que tenían 102 denuncias contra ex delegados del Bienestar y delegados.

En este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades”, dijo la titular de esa dependencia.

Ante la discrepancia entre las cifras, se interpuso el recurso de revisión con número 08035/20 ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que además la información que se había proporcionado era sólo de un año y no desde la creación de esta figura.

Sin embargo, a través del INAI, la SFP aseguró que sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción.

De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos.

En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación, por unanimidad, de la figura de coordinadores estatales o superdelegados que planteó en ese momento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los propósitos de estos funcionarios públicos era eliminar instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”, explicó Olga Sánchez Cordero, en ese entonces senadora, hoy secretaria de Gobernación.

Una de las críticas más fuertes que se hicieron por parte de la oposición en la Cámara de Diputados al momento de la creación de esta figura fue el uso político-electoral que podrían tener esas personas. En la información que proporcionó la SFP hay al menos cuatro denuncias por intervención en procesos electorales, como es el caso del expediente 2020/BIENESTAR/DE667 abierto en Baja California por promoción de imagen con fines electorales”, indicó.

En este estado, Jaime Bonilla ganó una senaduría en 2018 y semanas más tarde se incorporaría ahí como superdelegado. Meses después dejó el cargo y fue candidato a gobernador, resultando elegido en 2019. Para 2021 habrá nueva elección a la gubernatura mientras la denuncia antes mencionada, que fue abierta en 2020, sigue en trámite.

Otros de los motivos por los que se abrieron expedientes contra los superdelegados son: intervenir en asuntos que no corresponden a sus funciones, despido injustificado, falta de atención a la ciudadanía, contratación de familiares, participación en actos de partidos políticos, conflictos de interés y hostigamiento laboral, así como omitir información en su declaraciones patrimoniales, entre otros.

Al analizar los expedientes contra los funcionarios, se detectó que en 31 estados tienen, por lo menos, un señalamiento en una denuncia. Querétaro es el único sin ningún registro.

Los superdelegados, como se les conoce a los delegados de Desarrollo de Programas, tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la revisión de los programas que ejercen algún beneficio directo de la población, de acuerdo con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

Lo anterior, de acuerdo con las modificaciones hechas al artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De los 32 superdelegados, 21 se desempeñaron en algún cargo dentro de Morena, que abanderó al actual Presidente en las elecciones que ganó en 2018.

Una de las denuncias que se presentó en Aguascalientes con número de expediente 2019/BIENESTAR/DE88 fue por la firma de documentos anteponiendo a su nombre la abreviatura de lic”; sin que tenga un título profesional”. La dependencia argumentó que el curso de la licenciatura estaba en trámite y la acción legal fue concluida y enviada al archivo por falta de elementos.

Carlos Lomelí Bolaños, ahora ex delegado del Bienestar de Jalisco, fue acusado por formar una red de empresas farmacéuticas junto a familiares y amigos que vendieron a diversos gobiernos medicamentos que, en algunas ocasiones, fueron señalados de ser falsos o de tener sobreprecio. Las compras ocurrieron incluso en el gobierno actual, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

El 15 de julio de 2019, la SFP dio a conocer que había siete investigaciones abiertas en contra de Lomelí Bolaños.

Sin embargo, en la información que la Secretaría respondió sólo entregó datos de tres denuncias en Jalisco. Una por conflicto de intereses con el expediente 2019/BIENESTAR/DE102, otra por intervención en actos partidistas, la 2019/BIENESTAR/ DE56, y la tercera por acoso laboral con número 2019/BIENESTAR/DE55, éstas se encuentran en trámite, pero no se especifica si pertenecen a la gestión del ex delegado. A la fecha, no hay ni una sanción por parte de la SFP contra Lomelí Bolaños ni contra ningún delegado del Bienestar.

(Con información de El Universal)

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