90% de las mujeres en AL vive bajo leyes de aborto restrictivas

En esta región se concentran países con algunas de las legislaciones más severas del mundo en materia de derechos reproductivos

AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH
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Cerca del 90 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas.

Por ejemplo, en El Salvador, Honduras, Haití Nicaragua, República Dominicana y Surinám la interrupción del embarazo está prohibida, no se permite incluso si pone en peligro la vida de la madre.

Es conocido el caso de la dominicana Rosaura Almonte a quien le diagnosticaron leucemia cuando tenía siete semanas de embarazo, pero los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían en peligro la vida del feto, así que ella murió a los 16 años de edad.

En El Salvador, Teodora cumplió casi 11 años de prisión por sufrir un aborto espontáneo en su lugar de trabajo.

Algunos países como Brasil, Panamá y Chile tienen leyes que permiten el aborto casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer y también en anomalías fetales graves.

Se cuentan por decenas las presas por abortar; miles son obligadas a seguir el embarazo o las fuerzan a recurrir a un aborto clandestino; y cientos son las que fallecen por la negativa de los servicios médicos a interrumpir la gestación.

Morena Herrera, activista y miembro de la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador asegura que “está claro que en la mayoría de los países de Latinoamérica la vida de las mujeres tiene poco valor o ninguno”.

Para las organizaciones de derechos civiles, la despenalización del aborto en tres casos en Chile (riesgo para la vida de la mujer, violación y anomalías fetales) el año pasado fue una gran esperanza, como lo ha sido Argentina, que este jueves ha dado un paso clave hacia la legislación del aborto.

Pasos que pueden ir transformando la realidad de un continente ultraconservador y con un problema descomunal de desigualdad de género.

En El Salvador, las organizaciones civiles llevan años tratando de sacar adelante una ley que permita la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o anomalías graves del feto, pero no han logrado que el tema se debata, pese a criticas y recomendaciones de la ONU.

El caso salvadoreño es uno de los casos más extremos de la prohibición total del aborto, actualmente hay al menos veinte mujeres en prisión condenadas por homicidio agravado por delitos relacionados con la interrupción del embarazo.

Muchas de ellas, ni siquiera sabían que estaban embarazadas, como el caso de Imelda, presa hace dos años, quien fue violada por su padrastro siendo ella menor de edad y tuvo el parto en la letrina de su casa, y a pesar que el bebé sobrevivió, los médicos que la atendieron cuando acudió al hospital la denunciaron y fue llevada a prisión, acusada de intento de homicidio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher, la prohibición del aborto no ha hecho que disminuya esta práctica, solo ha conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos.

Se calcula que al menos 10 por ciento de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros, y al año, unas 760 mil mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas.

Por si fuera poco, en los países donde el aborto es restringido o prohibido, el acceso a los anticonceptivos modernos no es sencillo o está limitado.

Incluso la despenalización tampoco es garantía en lugares como Costa Rica, donde técnicamente se permite abortar por riesgo para la salud de la embarazada, pero en la práctica el acceso a la intervención es casi imposible en el sistema de salud pública.

Lo anterior debido a que, como alerta la abogada experta en Derechos Humanos, Larissa Arroyo existen “prejuicios del personal de salud, a la deficiente formación profesional técnica, médica y jurídica, y a la cultura institucional de los servicios de salud”.

Incluso Perú fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a resarcir el daño a una mujer que, a los 17 años fue obligada a seguir con el embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) y además la forzó a lactar los cuatro días que permaneció con vida el bebé tras el parto.

En este entorno, nuestros actuales candidatos presidenciales han evadido el tema del aborto en sus campañas, sin embargo dejan ver que no estarán dispuestos a legislar sobre este tema, en sus declaraciones evidencian su conservadurismo.

(Con información de El País)

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