#43yMásde40mil

26 de septiembre de 2019.-Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y Omar Gómez, fiscal del caso Ayotzinapa
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Hace un lustro, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Guerrero.

Y desde entonces, no ha cambiado nada.

“La única verdad, es que no hay verdad”, declaró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien, por cierto, enlistó las nuevas acciones que las autoridades han emprendido en torno al caso.

La investigación, prácticamente comenzará desde cero.

“Todas las investigaciones anteriores quedaron en un punto muy grave de inflexión, que es el tema de la tortura… porque lo que se tenía como base, con la declaratoria de los jueces, pues ya no existe”, dijo hace unos días al periódico Excélsior, Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.

Pruebas, testimonios y recursos millonarios que fueron utilizados en el caso quedarán sepultados por nuevas líneas de investigación debido a las violaciones al debido proceso en las que incurrieron funcionarios del Gobierno anterior.

Hasta el momento, las autoridades de todos los niveles que habían sorteado los señalamientos, ahora estarán en el centro de las investigaciones, tanto por acción como por omisión pues, según Encinas Rodríguez, se trató de una desaparición forzada cometida por agentes del estado.

Aunque generan esperanza, los nuevos planteamientos despiertan también el escepticismo en diversos actores del caso.

Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, aseguró que no será fácil que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra y aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos.

Y a nivel internacional, los organismos defensores de derechos humanos no cantan mal las rancheras.

Si bien, reconocen la voluntad política de la nueva Administración, lamentan la falta de celeridad para la resolución del tema en cuestión.

Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, las investigaciones del nuevo gobierno “no han avanzado con la celeridad que esperábamos”.

A El Universal, Arosamena le platicó que recientemente leyó una noticia respecto a que ya había información importante sobre dónde podrían encontrarse los estudiantes, entonces, partiendo de esos datos, ¿por qué la demora?, cuestionó la panameña.

Por su parte, Carola Hausotter, de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, también reconoció la voluntad política del nuevo Gobierno, aunque consideró que a estas alturas es insuficiente y coincidió en que el caso debe resolverse “ya”.

La teutona criticó la ligereza con la que actúan las autoridades en México e incluso, hizo alusión a la forma como reaccionaron en Alemania en contra de la firma Heckler&Koch, que vendió de  manera irregular fusiles utilizados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y por la cual la empresa recibió una multa millonaria. Pero le sorprende que de este lado del océano no haya siquiera a quien culpar por ello.

“Ayotzinapa sigue siendo un caso ejemplar para la impunidad sistemática y las otras más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en México”, señaló Hausotter, quien cree que la presión internacional es vital para hallar pronto la verdad.

La alemana advirtió sobre los resultados que conllevaría una nueva búsqueda de la verdad hecha a prisa y bajo presión social.

Y yo no puedo dejar de pensar en la forma como en los últimos cuatro días personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ha tratado de localizar en el basurero de Tepecoacuilco a los 43 normalistas desaparecidos.

Quizá para presentar este jueves, en el marco del aniversario de la agresión, información fresca y novedosa.

Pero Alejandro Encinas ya reconoció que no darán pronto con el paradero de los jóvenes.

En tres meses, sin embargo, mostrará un balance de los avances.

Mientras tanto, Iguala y el país entero continuarán como hasta hoy.

En esa pequeña población del estado de Guerrero ha habido de 2015 a la fecha al menos 1 mil 88 homicidios, según datos del INEGI.

El sistema judicial  está a prueba, pero mientras el caso Iguala no se resuelva y los más de 40 mil desaparecidos que hay en México no aparezcan, no habrá playera que valga.

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