Hasta 10 millones de personas podrían sumarse a la pobreza en México por COVID-19

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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que el número de pobres por ingreso podría aumentar debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país derivada de la pandemia de COVID-19.

En un estudio titulado “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México”, el organismo planteó dos posibles escenarios: uno en el que la caída generalizada del ingreso es del 5 por ciento, y otro con una reducción del ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana.

En ambos escenarios, sostuvo, el total de personas en situación de pobreza por ingreso, es decir, aquellas a las que no les alcanza para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos, se incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que equivale a entre 8.9 y 9.8 millones de personas.

Esto significa que el porcentaje de pobres por ingreso en México podría pasar de 48.8 por ciento en 2018 a 56 por ciento este año en el mejor de los escenarios, y a 56.7 por ciento en el peor de ellos.

Respecto a la pobreza extrema por ingreso, el organismo estimó un aumento de entre 4.9 y 8.5 por ciento, es decir, entre 6.1 y 10.7 millones de personas.

De acuerdo con el Coneval, los efectos de la crisis sanitaria podrían revertir los avances alcanzados en la última década en los indicadores de desarrollo social.

(…) la contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad COVID-19 en México puede revertir los avances en desarrollo social de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica de los hogares”, señala el Coneval.

El organismo prevé un aumento en la tasa de desempleo de entre 3.3 y 5.3 por ciento en 2020, así como un incremento de entre 37.3 y 45.8 por ciento en la pobreza laboral en los primeros dos trimestres del año, lo que representará la cifra más alta de ese indicador desde 2005.

“La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleve a encontrarse en alguna de estas condiciones”.

En ese sentido, destaca que de los 19 programas sociales prioritarios para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia, ocho programas son relevantes para atender la pobreza.

No obstante, la falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso.

Ante ello, planteó que además de los apoyos dados a conocer por el Gobierno federal para microempresas del sector formal e informal, son necesarios apoyos a la pequeña y mediana empresa, a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleados deben asumir durante los meses de confinamiento.

Con estas medidas, sostiene, se apoyaría a 43.8 por ciento de la población ocupada.

Asimismo, propuso extender los periodos de vencimiento de los créditos otorgados a través del programa Microcréditos para el Bienestar, financiar temporalmente el consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia “Mes Trece” del programa Jóvenes Construyendo el Futuro e incentivar el empleo temporal.

El organismo también consideró necesarias medidas coordinadas de los tres ordenes de Gobierno para atender las necesidades básicas de los hogares vulnerables y consolidar la protección social a través de una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales.

Además, destacó la necesidad de garantizar la operación de programas como Liconsa y Diconsa, impulsar la producción agropecuaria a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y dar seguimiento al comportamiento del mercado para detectar a tiempo alzas injustificadas.

En materia de salud, llamó a fortalecer los servicios estatales y municipales mediante la dispersión de recursos, aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización, agilizar la contratación de profesionales y difundir y reforzar las acciones para mitigar los efectos negativos en la salud mental de la población y la atención a mujeres víctimas de violencia de género y sexual.

Respecto a la educación, expuso que los sistemas a distancia pueden incrementar la brecha educativa, ya que contempla habilidades y herramienta que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres, por lo que recomendó implementar mecanismos de regularización al término de la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos.

(Con información de La Jornada y Reforma)

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